Junto a la promoción de vivienda protegida el otro instrumento que puede utilizar el Ayuntamiento de Salamanca para facilitar el acceso a la vivienda es el patrimonio municipal de suelo, que hasta ahora en Salamanca se ha malversado en contra de lo que marca la ley y de ahí derivan distintas decisión judiciales, promovidas por Ecologistas en Acción:

la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de paralizar la venta de la parcela municipal de la C/ Bilbao, la Sentencia que anuló la subasta de la parcela municipal de la zona de RENFEAvda. de Comuneros- de diciembre del año pasado y la Sentencia que anuló parcialmente el Presupuesto del Ayuntamiento de Salamanca del año 1998 y le condenaba a dedicar en el Presupuesto de 2003 (que se ha retrasado de forma escandalosa) los 510 millones de antiguas pesetas, que obtuvo de vender suelo municipal, al destino que le obliga la Ley y que no se cumplió entonces, es decir a aumentar el Patrimonio Municipal de Suelo, instrumento fundamental para promover vivienda asequible y abaratar el suelo en Salamanca, sin olvidar la paralización judicial cautelar existente de la venta de la parcela municipal en la Avda. de Campoamor y que están pendientes de sentencia otros contenciosos sobre los Presupuestos municipales, por los mismos motivos.

Por todo esto es más escandaloso si cabe el proyecto del Partido Popular de modificar nuevamente la Ley de Urbanismo de Castilla y León a capricho (como ya hiciera a la medida de los constructores en julio de 2002, para eludir la decisión judicial que paralizó las transferencias de edificabilidad desde el Cementerio y el Campo de Tiro) utilizando ahora la tramposa Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del 2004, con el fin de eludir la obligación legal de enajenar el suelo municipal por concurso condicionado a la promoción de vivienda protegida y así continuar permitiendo la subasta de las parcelas municipales al mejor postor, pero eso sí destinando lo recaudado a “fines de interés social”. El Ayuntamiento de Salamanca gobernado por el PP pretende pasar por encima nuevamente de las decisiones judiciales y seguirá contribuyendo a encarecer el suelo en Salamanca. Esta contradicción deja en evidencia la realidad de la política de vivienda del PP, muy lejana del interés general.