El anuncio de que el Ayuntamiento de Salamanca gobernado por el PP se propone alquilar la antigua sede del Obispado (trasladado ahora a la lujosa “Casa de la Iglesia” en Calatrava, financiada con la venta de edificabilidad fantasma del Cementerio Diocesano) es sólo el último episodio de una larga lista de “acciones benéficas” del PP y del Alcalde Julián Lanzarote hacia la Iglesia Católica salmantina.

El alquiler se anuncia como un buen negocio para el Ayuntamiento puesto que desembolsará 30.000 euros más IVA al año durante 9 años, al cabo de los cuales podrá ejercer una opción de compra (por 10,9 millones de euros) que a buen seguro no se llegará a materializar. Se nos dice que así se ahorrarán costes como el alquiler de las oficinas del OAGER en el edificio del constructor CURTO en la C/ Zamora, alquiler que sin embargo no paga el Ayuntamiento sino Caja Duero.

Si el Ayuntamiento desea trasladar de sus oficinas tradicionales en la Plaza Mayor la mayoría de los servicios y reunirlos en un solo edificio, lo razonable parece que sería buscar una ubicación definitiva y de propiedad municipal. Se da por supuesto que dicha ubicación debería ser céntrica para “facilitar” la accesibilidad, cuando en realidad lo idóneo sería trabajar para que los ciudadanos NO tengan que ir a las oficinas municipales por obligación a hacer gestiones, y por lo tanto la centralidad no sería una condición indispensable y se podría evitar una importante presión sobre el casco histórico.

Lo cierto es que estamos una vez más ante un trato de favor hacia la Iglesia Católica que se concreta en meter dinero público en sus arcas por medio de alquileres, subvenciones encubiertas u operaciones urbanísticas que en la mayoría de las ocasiones no han supuesto beneficio a la ciudad sino todo lo contrario, un importante coste en forma de densificación, pérdidas de espacios, oportunidades de futuro sacrificadas, contribución a la especulación, etc. La generosidad de Lanzarote con la Iglesia Católica nos sale muy cara a los salmantinos.

Citemos algunos ejemplos que a buen seguro harían acreedor a Julián Lanzarote de un lugar privilegiado en los altares:

• Modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por iniciativa del entonces concejal de urbanismo, J. Encabo, para facilitar el reconocimiento, sin apenas contrapartidas, por parte del Ayuntamiento de una edificabilidad residencial intangible en diversos edificios e instalaciones de carácter dotacional pertenecientes, entre otros, al Cementerio Diocesano, la Universidad Pontificia, la Orden de las Franciscas y la de las Bernardas (en este caso eludiendo acudir a la expropiación con el fin de ampliar el Camino de las Aguas). Dicha edificabilidad ha sido vendida por estas entidades a los constructores con el fin de que construyeran un mayor número de pisos mediante el mecanismo especulativo de aportar un certificado de edificabilidad adquirido que les permite alcanzar la máxima edificabilidad en las zonas más lucrativas de la ciudad, provocando una densificación sin que los equipamientos y servicios crezcan en proporción al número de pisos.
• - De igual forma modificación del PGOU, para desproteger un Monumento Nacional y que se pudiera construir un hotel de lujo en el huerto conventual de las Claras en la C/ Marquesa de Almarza, previamente vendido por esta Orden a los promotores.
• - Otra modificación más del PGOU para permitir a la Orden de los Carmelitas construir una residencia y un aparcamiento subterráneo (probablemente de uso lucrativo) en su patio trasero de la C/ Crespo Rascón, colmatando así un nuevo espacio libre protegido. A cambio se obtiene un pequeño retranqueo del muro de cierre para ganar unos metros en la vía pública.
• - Cesión de una parcela municipal de 1.171 metros cuadrados a la Ordena de las Adoratrices para facilitar su traslado desde la Residencia que ocupaban, junto al Campo de San Francisco, y que les fue adquirida por Caja Duero.
• - Generosas compensaciones urbanísticas a los Trinitarios y las Trinitarias al quedar sus terrenos afectados por la nueva vía de ronda en la C/ Peña de Francia, en lugar de proceder a la expropiación previo justiprecio. Diferencia de trato a los vecinos del bloque afectado por esa misma obra en la C/ Tejares.
• - Devolución del Palacio del Obispo, a requerimiento del Obispado, antes de finalizar el contrato de cesión, obligando a trasladar precipitadamente las instalaciones del Archivo y Museo Municipal que allí se albergaban, lo cual hizo que durante casi dos años el Archivo histórico municipal estuviese cerrado al público y que ahora siga sin tener las instalaciones adecuadas que merece un archivo en una ciudad que tanto parece valorarlos.
• - Alquiler por el Ayuntamiento de un edificio histórico a la Orden de los Dominicos para convertirlo en la Sala de Exposiciones de Santo Domingo. La reforma costó 290 millones de antiguas pesetas, pero el alquiler sólo se prevé para 12 años a razón 24.000 euros anuales, pasado el plazo (quedan 10 años) el edificio revertirá a la Orden.
• - Autorización para construir un Hotel de lujo (y aparcamiento) en un edificio histórico de la Orden de los Dominicos, abierto en la C/ Arroyo de Santo Domingo, calle reformada con fondos públicos. Pese a los beneficios obtenidos por esta Orden con estas operaciones, desde el Ayuntamiento no se les ha exigido contraprestación alguna, como pudiera ser un uso público del Monte Olivete.
• - Modificación a la medida del Plan Especial del Barrio Antiguo apara facilitar la construcción de una residencia de sacerdotes, auditorio, aparcamiento subterráneo de finalidad lucrativa y otras instalaciones en el Seminario de Calatrava (financiadas gracias al reconocimiento de edificabilidad en el Cementerio), adaptando las normas al proyecto y no a la inversa, y colmatando espacios libres. Renuncia a investigar el carácter público de ciertos terrenos situados ahora dentro de Calatrava y que en otro tiempo fueron vía publica y renuncia a pedir contrapartidas para la ciudad, tales como el uso público de esas instalaciones y espacios.
• - Firma de un Convenio entre Ayuntamiento y Obispado por el que la gestión del Cementerio Diocesano pasó a ser municipal, cuando su capacidad se había agotado, se había extraído el máximo beneficio y el Obispado se veía incapaz de cobrar un canon de mantenimiento. Se municipalizaron los gastos y el Ayuntamiento a su vez adjudicó la gestión a un grupo de funerarias que han realizado inversiones para prolongar el uso de este Cementerio, han cobrado un canon de mantenimiento (incluso a los propietarios de derechos) y pagan una cantidad anual al Ayuntamiento de la cual una parte va a parar al Obispado, que sigue siendo propietario.
• - Trato de favor a Fundaciones participadas por el Obispado, como la Fundación Rodríguez Fabrés a la que se le dieron 400 millones de antiguas pesetas por el pago de sus terrenos ocupados por el Puente de San José, cuando la valoración de los técnicos municipales fue muy inferior. Recientemente se ha compensado de nuevo a esta Fundación, con generosas compensaciones urbanísticas para poder edificar, por ceder una parcela en la que construir el Centro de Recepción de Turistas junto a la rotonda de Brujas.
• - También la Fundación del Hospital de la Santísima Trinidad (la mitad de cuyos patronos son designados por el Obispado) a la que se ha “bendecido” con una recalificación de terrenos en la parte trasera del Hospital que permitirá construir 140 viviendas de lujo, además de obtener una parcela municipal de 3.141,5 metros cuadrados en la zona de La Platina como donación para que la Fundación construya una residencia privada. El “beneficio” para la ciudad es la obtención del uso de los jardines del Hospital (previa destrucción) para convertirlos en un aparcamiento semi-subterráneo gestionado por Estacionamientos y Servicios.
• - Se beneficia a la Orden Marista al incorporar en la negociación del Ayuntamiento con El Corte Inglés la compra por esta empresa a los Maristas de una determinada zona deportiva que será cedida a la ciudad, convirtiéndose en un equipamiento público obtenido por cesión pero con elevado coste para la ciudad si tenemos en cuenta lo que se cede a El Corte Inglés en el Cuartel de Julián Sánchez El Charro.