El Partido Popular y el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca han llegado a un acuerdo por el que prevén iniciar expedientes sancionadores a los constructores que adeudan edificabilidad al Ayuntamiento de Salamanca, al haber obtenido licencias de construcción con metros adicionales gracias al mecanismo de transferencia pero no haber aportado los solares correspondientes (o los certificados de edificabilidad comprados a los beneficiarios de los convenios urbanísticos que reconocen edificabilidad en parcelas dotacionales). Esa deuda se cuantificaba en 1999 en unos 65.000 metros cuadrados que se haban convertido ya en nuevos bloques de pisos con más alturas de las previstas gracias a esta concesión de licencias "a cuenta". Recordemos que el invento de reconocer edificabilidad en parcelas dotacionales (no residenciales), mediante una modificación del PGOU, se justificó en la existencia de esta deuda de los constructores con el Ayuntamiento que, según se decía, se deba a que escaseaban los solares (o les salan muy caros, que es lo mismo). También se decía que los constructores se haban acostumbrado a alcanzar la máxima edificabilidad con el mecanismo de las transferencias y que la escasez de solares podía frustrar las expectativas y de ahí la ingeniería urbanística de reconocer edificabilidad y permitir su venta, incluso en suelo industrial.

Ahora se admite que la deuda no ha sido saldada (aunque el Ayuntamiento no dice cuantos metros le adeudan todavía los constructores) y desde que se reanudó la concesión de licencias con transferencias en agosto de 2002 hasta ahora se han puesto sobre la mesa miles de metros de solares y de edificabilidad de Convenios, "virtual", que NO se ha utilizado para saldar la deuda, mayoritariamente, sino para hacer nuevas promociones, lo cual es un fraude a la ciudad puesto que un mecanismo excepcional se ha utilizado para seguir aumentando la densidad de determinados barrios sin contraprestaciones en equipamientos o servicios y sin que hayan bajado los precios de la vivienda.

Cabe además preguntarse si, ante la aparición repentina de suelo para transferencias, sigue siendo necesario inventar edificabilidad residencial en el Campo de Tiro o en el Cementerio, en el Barrio de La Vega o en solares de religiosas como las Franciscas o las Bernardas.

PP y PSOE actúan con total falta de transparencia al no dar cuenta de cuántos metros se adeudan ni de quines son los deudores, entre los que destacan grandes constructores como por ejemplo Curto, amigo íntimo de Lanzarote.

Ambos son responsables de haber dejado pudrir la situación y de no haber exigido que se saldara la deuda, vigilando la gestión de los Convenios citados (que se dejó en mano de los propios constructores de AESCON que burlaron sus sentido) o incluso negándose a conceder nuevas licencias a los constructores morosos. Pero desde el Ayuntamiento se han limitado a no conceder licencia de garaje a las promociones realizadas con transferencias y cuyos promotores adeudan edificabilidad al Ayuntamiento. Dado que la mayoría de las viviendas deben estar ya vendidas, cualquier medida jurídica en estos momentos (recursos, demoliciones, desalojos...) chocara con los vecinos de los pisos que son compradores de buena fé y saldrían perjudicados.

Ahora se pretende liquidar esta cuestión, mientras los constructores se apresuran a pedir nuevas licencias con transferencias para alcanzar la máxima edificabilidad antes de que el mecanismo especulativo "caduque" con el nuevo Plan General, mediante unos expedientes sancionadores que difícilmente van a prosperar pues, aparte de que muchos habrán prescrito por transcurso de 4 años, no puede sancionarse como infractor a quien tiene una licencia.

Una cosa es no pagar lo que se debe y otra es que su conducta haya sido infractora pues han sido autorizados a construir por el Ayuntamiento. Sin olvidar que en Salamanca los constructores/promotores son pocos pero las empresas (razón social) son cientos. Cada uno legaliza varias con su nombre o el de sus allegados por razones fiscales, y las van "quemando" a medida que dejan deudas e irregularidades por el camino. Ser imposible cobrarles nada a unas empresas que ya habrán desaparecido. Y esto lo saben bien los concejales del PP y PSOE que en la práctica lo que han acordado es una AMNISTIA. Los constructores que han sido buenos pagadores, que saldaron su deuda con suelo o comprando edificabilidad, deberían estar muy molestos.

El partido de Los Verdes exige que se abandone esta opción de los expedientes sancionadores por tratarse de una operación de maquillaje e ineficaz y que se negocie el pago presionando al sector a través de AESCON con los mecanismos que el Ayuntamiento tiene a su alcance.

El pago de la deuda, en opinión del partido de Los Verdes, debe hacerse preferentemente mediante suelo, de forma que la ciudad reciba compensaciones reales. Del mismo modo en el nuevo Plan General deben preverse mecanismos para compensar a los barrios que han sufrido durante 20 años el mecanismo especulativo de las trasferencias y se han visto "vampirizados" y degradados (caso de Chamberí o Pizarrales) o sobredensificados sin equipamientos en contrapartida. Obviamente la financiación de esas compensaciones debe correr a cargo de quienes se han lucrado con las transferencias.

En caso de que PP y PSOE persistan en optar por la amnistía a los constructores morosos el partido de Los Verdes se sumar a la iniciativa planteada por la Asociación Ecologistas en Acción de poner en conocimiento de la fiscalía anticorrupción estos hechos, ya que en la operación existen indicios de que se actúa para favorecer a determinados constructores que podrán así eludir el pago de las compensaciones económicas o urbanísticas a la ciudad.

Finalmente el partido de Los Verdes emplaza al PSOE a que no sea cómplice, ni se deje arrastrar por supuestas llamadas a la responsabilidad que en realidad son cantos de sirena del PP para incurrir juntos en una estafa monumental a nuestra ciudad.