Los proyectos de instalación de El Corte Inglés en Salamanca así como de un gran “Parque Comercial” promovido por Chelverton en 75.000 metros cuadrados junto al Cementerio Diocesano es saludado desde distintos sectores como un “motor de progreso” (pensando en “arrastres” inmobiliarios), de creación de empleo o incluso un símbolo de la prosperidad de nuestra provincia. Otros en cambio, sobre todo el comercio tradicional, lo ven con temor aunque sus representantes hayan optado por la resignación y la pasividad.

La Junta de Castilla y León establece controles sobre las grandes superficies comerciales dados sus potenciales impactos económicos, urbanísticos o de otro tipo y es la administración competente en una autorización, en función del Plan de Equipamiento Comercial (que acumula retraso, ya que se disponía de un año desde la publicación de la Ley de Comercio de Castilla y León y ha habido que prorrogar la vigente moratoria de nuevas licencias hasta que se apruebe dicho Plan).

En concreto la LEY 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León establece en su artº 21 los criterios para la concesión de una licencia comercial específica que serán:

– La existencia de un equipamiento comercial adecuado en la zona donde se pretenda implantar el proyecto solicitado.
– La repercusión que el proyecto suponga en los servicios recibidos por los consumidores y en el aumento de la libre competencia existente en el mercado de la zona afectada. En este sentido, se considerará favorablemente el sometimiento de la actividad comercial del establecimiento proyectado al sistema arbitral de consumo.
– Los efectos que su implantación suponga sobre la estructura comercial de la zona, y en especial sobre el pequeño comercio de la misma.
– La integración del proyecto presentado en el entorno urbano y su impacto sobre el medio ambiente.
– La incidencia del proyecto sobre la red viaria de la zona y los sistemas de transporte de viajeros.

Lo cierto es que, además de las nuevas grandes superficies en la ciudad, también en el entorno de Salamanca están surgiendo como hongos aprovechando además el crecimiento de municipios limítrofes. Este modelo de segregación espacial de la actividad comercial, dependiente de la movilidad motorizada es el más inadecuado en términos de movilidad y de planificación del territorio y suponen un elevado coste al presupuesto público para facilitar accesos e infraestructuras, además de ser una “punta de lanza” para la especulación y la revalorización y recalificación de terrenos. Por ello Los Verdes Foro de Izquierdas proponen imponer una moratoria indefinida y pensar en las consecuencias de este modelo. Sigue siendo oportuna la propuesta de elaborar un Plan de Urbanismo Comercial en coordinación con el Plan General y las Directrices de Ordenación del Territorio de la comarca urbana de Salamanca.

En todo caso está justificado un debate ciudadano y político sereno, en el seno de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, y sobre la base de un Estudio de Repercusiones de todo tipo de la instalación de grandes superficies comerciales que el Ayuntamiento gobernado por el PP no tiene por ahora.

Podemos mencionar algunas implicaciones que deben tenerse en cuenta, como las económicas (su radio de atracción puede llegar a los 100 kilómetros o más) y urbanísticas. Hablamos de una empresa que viene a vender, no de una industria transformadora que crea empleo neto o arrastres significativos en la economía provincial. Se producirán sinergias, no siempre positivas, con otras empresas. El pequeño y mediano comercio acusará el nuevo golpe y veremos acentuarse la tendencia ya observada en algunos barrios al cierre. En la capital existen censados 4.650 comercios minoristas y otros 496 mayoristas (datos de 2002).

Hay quien cree que un nuevo Centro comercial supondrá una mayor competencia, libertad de elección y, por lo tanto, ventajas para los consumidores. No es cierto, si atendemos a la creciente concentración empresarial en este sector, de forma que muy pocas firmas pueden llegar a acuerdos colusivos en perjuicio de proveedores y consumidores.

Todavía está reciente la queja de los productores agrarios por las diferencias de precio entre lo que ellos perciben y lo que se cobra al consumidor. Unas pocas “centrales de compras” e intermediarios son capaces de imponer condiciones severas a productores agrarios e industriales que rara vez van a repercutir en reducciones de precios al consumidor.

Estas empresas fomentan el consumismo y el derroche con estrategias conocidas, invierten en publicidad y se aseguran por esa vía, además, el apoyo mediático (como se está viendo ya en Salamanca donde ciertos medios se afanan por hacer méritos). Son promotores de un comercio de productos de vida corta (con una obsolescencia programada) y que recorren largas distancias (con el consiguiente coste ambiental del transporte que los precios no reflejan). Por ello apoyamos un modelo de pequeño y mediano comercio, especializado, cercano al cliente, con capacidad para ofrecer productos locales de calidad, aunque es evidente que al comercio salmantino le queda mucho trabajo que hacer para competir mediante la cooperación para prestar mejores servicios.

En el caso de la instalación de El Corte Inglés se habla de un número arbitrario de empleos directos e indirectos de nueva creación, pero poco se dice de los que se pueden destruir y no olvidemos que el empleo que generan las grandes superficies comerciales suele ser precario, frente al del pequeño y mediano comercio que según datos de la Confederación Regional de Comercio (CONFERCO) concentra el 98 % del empleo del sector.

En todo caso hay que denunciar que se le dé un trato de favor a El Corte Inglés frente a otras firmas comerciales, ofreciéndole entrar en un Convenio en exclusiva. La recuperación de El Cuartel Julián Sánchez el Charro para uso público NO tiene que pasar necesariamente por el lucro de una empresa o los negocios inmobiliarios de un Ministerio. Finalmente cabría pensar en alternativas de ubicación de esta gran superficie allí donde las repercusiones negativas ya citadas pudiesen tener menor incidencia.