El Partido Popular ha confirmado que prevé imponer una nueva tasa en el recibo del agua para pagar el mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR), instalación por otra parte largamente esperada durante 10 años de continuas dilaciones injustificadas, que se inauguró con dos años de retraso y que ha sido utilizada como baza electoralista permanente pese a la dejadez con la que se ha tratado.

La EDAR, que ha financiado fundamentalmente el Ministerio de Medio Ambiente con fondos europeos y que dará servicio a Salamanca pero también a los municipios limítrofes, quedó en manos del Ayuntamiento de Salamanca en abril pasado y sin concurso público, ha cedido su gestión a la concesionaria del servicio de aguas de Salamanca (Aqualia-FCC).

Al cederla obliga a TODOS los ayuntamientos que harán uso de la EDAR a aceptar ese gestor y a que pasen por caja, en principio la del Ayuntamiento de Salamanca, pero dejan abierta la posibilidad de que tengan que pagar directamente a Aqualia-FCC.

El coste de gestión de la EDAR, calculado en unos 2 millones de euros anuales, no será asumido por la empresa que gestiona el servicio de aguas en Salamanca desde 1997, Aqualia-FCC, pese a que el Partido Popular declaró en aquel entonces que la subida del recibo del agua que siguió a la privatización del Servicio (concesión administrativa), con subidas del 10 % anual acumulativo durante cinco años, se justificaba precisamente porque la empresa se haría cargo de todos los gastos (y había pagado al Ayuntamiento 3.000 millones de antiguas pesetas como canon de concesión, cantidad más que amortizada por la subida de los recibos del agua en sólo 5 años, y que el Ayuntamiento gastó en obras que nada tenían que ver con el ciclo hídrico). En las hemerotecas se pueden encontrar declaraciones de responsables del PP, como el recordado concejal Encabo, afirmando que NO habría tasa de depuración, algo que desde los sectores ecologistas se daba por hecho como así ha sido.

El Ayuntamiento de Salamanca para "compensar" a la empresa Aqualia-FCC por este nuevo gasto de gestión de la EDAR le perdona la mitad del canon que recibía hasta ahora de la empresa (un porcentaje sobre la recaudación del recibo del agua, que pasará del 28% al 14%). Y el Ayuntamiento para no perder ingresos prevé implantar una tasa de depuración a los usuarios de 0,20 céntimos por metro cúbico, además de subir el recibo del agua en 0,23 euros. Es decir, la nueva tasa no se impone tanto para pagar el coste de depuración, como para ahorrarle quebrantos a la empresa Aqualia-FCC y para que el Ayuntamiento no pierda ingresos.

La empresa Aqualia del grupo FCC, la niña mimada de las empresas concesionarias, como se ha visto en el trato que le da el Ayuntamiento en el tema del servicio de limpieza o la gestión del vertedero, queda una vez más bien cubierta, entre lo que recauda a mayores y lo que deja de pagar al Ayuntamiento. Recordemos que ultimamente el PP les ha ampliado el contrato del servicio de limpieza con mucha generosidad y en el vertedero se han forrado cobrando por seguir vertiendo y por hacer como que lo sellan, todo a un tiempo.

PROPUESTAS:

Ante este panorama Los Verdes Foro de Izquierdas proponen:

La máxima transparencia por parte del Ayuntamiento de Salamanca en cuanto a la gestión de la EDAR. Debe contratarse un servicio externo de control de la depuración, por ejemplo con un Departamento universitario, con el fin de garantizar que se alcanza la máxima eficacia en la depuración. No basta con los supuestos controles que realiza la empresa concesionaria de la explotación de la EDAR. La información sobre la EDAR debe ser pública con el fin de evitar suspicacias sobre el verdadero funcionamiento de esta instalación.

La empresa Aqualia-FCC debe ser controlada por un Servicio público de aguas (bien municipal, bien mancomunado) y en especial en las labores de potabilización y depuración (incluyendo control de vertidos al alcantarillado como mecanismo de prevención, que hasta ahora no se hace bien). Revisión del Reglamento del Servicio en este sentido.

Acordar con los municipios limítrofes una fórmula de gestión mancomunada del ciclo del agua (traída de Villagonzalo, impulsión, potabilización, depuración) donde puede entrar la empresa concesionaria Aqualia-FCC (tanto de Salamanca como de Santa Marta) pero con nuevas condiciones que no sean sólo ventajosas para ella.

Hay que fomentar planes de ahorro del agua, empezando por los usos municipales como el riego (se hace con agua potable y "a manta", en horas de máxima evapotranspiración) o la limpieza urbana, “poniéndole las pilas” a las empresas concesionarias encargadas de esas tareas.

Hay que establecer una TARIFA UNICA DEL AGUA que incluya todos los aspectos (abastecimiento, alcantarillado, depuración) y que responda a los dos criterios establecidos en la Directiva Marco de Aguas de la UE (ya traspuesta al derecho nacional mediante la Ley 62/2003): recuperación de costes en la gestión, y accesibilidad para todos. El coste de la depuración debe ser repercutido en función del consumo de agua y de la calidad con la que se vierte al alcantarillado:

Para garantizar la progresividad se debe establecer un mínimo PERSONAL accesible en precio y a partir de ahí ir subiendo la tarifa para favorecer el ahorro.

Deben acabarse las subvenciones indirectas a empresas que son grandes consumidoras y que no están percibiendo señales en el lenguaje de los precios para ahorrar agua.

Aquellas empresas que por su actividad se prevea que devuelven el agua en peores condiciones deben pagar más. El control de vertidos al alcantarillado (cuyo coste debe repercutirse a las empresas) debe garantizar -con tarifas especiales- que se extienda la depuración previa, que no se viertan cosas raras, que quien introduzca mejoras pague menos...